Diálogo

Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, específicamente el jueves 25 de marzo de 2015, parte de un grupo que se autodenominaba representante del Parlamento Rapa Nui se tomó el acceso principal del Parque Nacional Rapa Nui, atravesando simbólicamente una cuerda en el acceso principal que impedía el tránsito de cualquier vehículo al Parque. El reclamo principal era por el nulo progreso del proyecto de ley sobre el control migratorio, residencia y permanencia de personas en la isla. Los ofrecimientos del gobierno anterior no habían sido concretados hasta entonces. Esta acción produjo una serie de efectos negativos, no solo en la convivencia entre los habitantes de la isla sino también en la economía, comercio, turismo y educación. Durante estos 160 días, los cobros ilegales a turistas se tradujeron en una pérdida de $500 millones, que estaban destinados a la conservación de los sitios patrimoniales.

Tras estos 160 días de conflicto, el 1 de septiembre de 2015 se depuso la ocupación ilegal y el Parque Nacional fue entregado a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), después de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA), integrada por comisionados, el Consejo de Ancianos, el alcalde y la gobernadora. La resolución pacífica del conflicto marcaría un hito histórico en las relaciones entre el Estado de Chile y el pueblo Rapa Nui. Esto demostraba la voluntad de recuperar la vía del diálogo para llegar a acuerdos y el liderazgo para ofrecer soluciones realistas, de presente y futuro para los habitantes de Isla de Pascua. La entrega significó deponer también el uso de la fuerza. Tanto los Rapa Nui como los representantes del Gobierno comprendieron que los hechos anteriores no debían repetirse si se quería avanzar en las diferentes demandas y propuestas.

Las primeras conversaciones se iniciaron entre dirigentes de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA), el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Bienes Nacionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). Se acordó que, a través de los procedimientos legales propios del Estado de Chile, se recogerían las principales demandas de Isla de Pascua de manera gradual, pero en un intenso calendario de trabajo. Esto significaba convenir etapas y plazos.

Asimismo, se reconocía que, para que el diálogo fuera fructífero, las conversaciones debían realizarse en la isla, donde la cercanía podría hacer más comprensibles los distintos conflictos y demandas.

Iniciado el diálogo, algunos actores que participaron del proceso reconocen que las primeras reuniones fueron tensas, pero al transcurrir los meses surgieron signos de confianza, mientras se fueron sumando actores relevantes como la Cámara de Turismo de Isla de Pascua A.G. y otros, quienes no habían participado directamente en las últimas ocupaciones.

Tras varias visitas a Hanga Roa, un equipo de trabajo interministerial, logró establecer un calendario con tres temas prioritarios para la isla y sus habitantes: el primero se enfocaba en la administración del Parque Nacional, el segundo en el problema de la carga demográfica de la isla, y el tercero se refería a la importancia de un estatuto especial para el territorio insular.

Así se llegó a un primer acuerdo que significaba que el parque tendría una coadministración entre representantes del pueblo Rapa Nui y la CONAF. Esto consideraba además que los recursos económicos provenientes del cobro de la entrada a los visitantes debían permanecer en la isla, reinvertidos en el parque o en su administración. Este acuerdo quedaba abierto para elegir entre dos alternativas: continuar de forma definitiva con la coadministración o traspasar todo el manejo del parque a un organismo conformado por miembros de las propias familias.

“Algunos quizás creerán que el traspaso de la administración es que se traspasa el dominio del parque. Pero éste tiene una característica jurídica y de protección bastante interesante. La categoría de parque nos protege de nosotros mismos. Por ello el traspaso de la administración es una tremenda responsabilidad, pero no es cesión de dominio, no cumple con el anhelo de los más radicales. Y qué bueno, porque tenemos que garantizar que la propiedad común sobre la tierra siga estando así”(Avareipua Ninoska Cuadros Huke, Jefa Provincial de CONAF en Isla de Pascua, Julio de 2017).

En paralelo, se comenzó a trabajar en un proyecto de ley de residencia, tema en el que gracias a las coincidencias entre las distintas partes, facilitó también la discusión sobre la administración del parque nacional. Ésta había sido una de las mayores preocupaciones de los habitantes de Rapa Nui en la última década, quienes demandaban una regulación del ingreso, permanencia y salida de los chilenos continentales y extranjeros.