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Las relaciones entre el Estado de Chile y el pueblo Rapa Nui se ha caracterizado por momentos de encuentros y desencuentros, de diálogos y quiebres de las conversaciones.
Sin perjuicio de ello, el año 2010 representa uno de los momentos más difíciles en la historia de relaciones entre el Estado de Chile y el pueblo Rapa Nui durante el siglo XXI, donde la violencia se impuso por sobre diálogo, impidiendo llegar a soluciones de futuro en beneficio del pueblo Rapa Nui. En marzo de 2010, se inició una ocupación ilegal de la plaza principal de Rapa Nui. A partir de este hecho, la violencia se transformó en un elemento común entre las demandas del pueblo Rapa Nui y las reacciones del Estado a través de las fuerzas de orden y seguridad públicas, donde las nuevas tomas de terrenos, desalojos y enfrentamientos se convirtieron en el paisaje de Isla de Pascua.
Tras cinco meses de conflicto, se inició un diálogo que permitió la instalación de 4 mesas de trabajo, conformadas por representantes del Gobierno y de la comunidad Rapa Nui a través de los integrantes del Concejo Municipal y los miembros de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA). El Ministro del Interior, nueve semanas más tarde, recibió en Santiago la propuesta que se formuló en una asamblea en la isla. Entre sus peticiones estaban: darle suma urgencia al proyecto de reforma constitucional para facilitar una nueva regulación migratoria, implementar un plan de desarrollo asociado a inversiones en obras de infraestructura, la constitución de una mesa de trabajo para continuar avanzando el tema de tierras con las familias que habían depuesto las tomas, e instalar mesas de trabajo permanentes para seguir analizando y elaborando propuestas sobre asuntos de interés del pueblo Rapa Nui.
Sin embargo, la acción de la policía para desalojar las ocupaciones ilegales de recintos públicos y privados –la casa de un juez, un hotel recién construido, entre otros-, dificultaba diariamente cualquier intento de construir confianzas. El turismo se vio disminuido, cayeron los ingresos de las familias en Rapa Nui y la imagen internacional de este Patrimonio Mundial de la UNESCO, se veía afectada por los incidentes.
“Hartos presidentes han venido y han dicho cosas. Después se van y se olvidan de la isla. Entonces, esos eran los conflictos por la pérdida de confianza. Gran parte de la isla, ya no confiábamos en el Gobierno” (Camilo Rapu Riroroko, Presidente del Directorio de la comunidad indígena Ma’u Henua, Julio de 2017).
El fraccionamiento social y el quiebre entre el Estado y las organizaciones Rapa Nui hicieron que la vía del diálogo no estuviera dentro de las alternativas para solucionar el conflicto. Es más, con estos hechos, se abría la peligrosa posibilidad que la vía violenta fuera el único camino para expresarse e intentar exigir el cumplimiento de demandas pendientes.
